La seguridad ciudadana es la garant&iacute;a de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democr&aacute;ticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadan&iacute;a y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jur&iacute;dica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho.<br />Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que s&oacute;lo &eacute;ste puede asegurar un &aacute;mbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminaci&oacute;n de la violencia y la remoci&oacute;n de los obst&aacute;culos que se opongan a la plenitud de aquellos.<br />La Constituci&oacute;n Espa&ntilde;ola de 1978 asumi&oacute; el concepto de seguridad ciudadana (art&iacute;culo 104.1), as&iacute; como el de seguridad p&uacute;blica (art&iacute;culo 149.1.29.&ordf;). Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sin&oacute;nimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protecci&oacute;n de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.