La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la definición del ámbito de la Jurisdicción ciertas novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales El libro incorpora de forma íntegra y actualizada la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Los ciudadanos, como indica la Constitución española en su artículo 106.2, tienen derecho a reclamar y ser indemnizados por el daño que sufran (en bienes o derechos) por el funcionamiento de los servicios públicos. Y la obligación recae sobre cualquier tipo de administración pública, ya sea Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y cualquier entidad vinculada o dependiente de otras administraciones públicas. Un accidente ocurrido en plena calle como consecuencia de una mala conservación del pavimento, un error producido en un centro de salud… Todo ciudadano tiene derecho a reclamar ante la Administración y también a que esta le indemnice, si le causa un perjuicio. Pero en muchas ocasiones esto no es fácil y, al final, hay que acudir a la Justicia.