En la actualidad no se discute que sea funci&oacute;n del Estado, entre otras, la de procurar protecci&oacute;n ante las situaciones de necesidad que puedan padecer sus ciudadanos. &quot;Espa&ntilde;a se constituye en un Estado Social y Democr&aacute;tico de Derecho&quot;, proclama el art&iacute;culo 1 de la Constituci&oacute;n, y, en cuanto tal Estado &quot;social&quot;, no puede abandonar a la iniciativa privada el mantenimiento de las personas que no pueden sustentarse con su propio trabajo.<br />Sobre esas bases se va construyendo un entramado de &quot;seguros sociales&quot;, que s&oacute;lo se convierte en un aut&eacute;ntico sistema de Seguridad Social cuando se llega al convencimiento generalizado de que esa solidaridad en el &aacute;mbito laboral s&oacute;lo puede ser verdaderamente eficaz si se encauza y organiza a trav&eacute;s de un sistema en el que el propio Estado, a trav&eacute;s de la Ley, concrete las situaciones dignas de protecci&oacute;n y la aportaci&oacute;n que para dicha protecci&oacute;n deban hacer los trabajadores en activo. Resulta adem&aacute;s preciso que el propio Estado vigile, a trav&eacute;s de organismos p&uacute;blicos, el reconocimiento de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones.<br />No existe propiamente un sistema de Seguridad Social si no parte de esa dimensi&oacute;n p&uacute;blica: los derechos y obligaciones que origina el sistema son &quot;p&uacute;blicos&quot;, en cuanto provienen de la Ley y no del acuerdo entre particulares, y la gesti&oacute;n del sistema es tambi&eacute;n &quot;p&uacute;blica&quot;, en cuanto se encomienda a organismos dependientes del propio Estado.